Análisis del derecho a la consulta previa libre e Informada, en territorios indígenas en materia de explotación petrolera

Abstract

En sustento a la declaración de los Derechos Colectivos, Libre Determinación, Interculturalidad, Plurinacionalidad, Autoderminación territorial, hacia los Pueblos Indígenas, los instrumentos internacionales buscaron generar un medio democrático para ejercer dichos Derechos, es así que nace la Consulta Previa Libre e Informada que se desarrolló como un derecho a la participación ciudadana en temas que pueden afectar a su subsistencia. En el Ecuador se incorporó de forma general a la Consulta previa, en la Constitución de la República del Ecuador de 1998. Posterior a ello, se profundizó esta temática en la emisión de la Constitución del 2008. En base a ello el Estado promulgó el Decreto Ejecutivo 1247, para generar espacios de diálogo intercultural, fortaleciendo la democracia, y a fin de considerar los criterios y observaciones que tienen los Pueblos Indígenas sobre los proyectos de explotación petrolera. Esta Consulta debe ser de manera obligatoria previa a la eventual adjudicación de las áreas hidrocarburíferas. Sin embargo a ello el dicho instrumento es contrario a las normas internacionales, especialmente al Convenio 169 de la OIT, en el que determina en su artículo 19 que: “ Los Estados celebrarán consultas y cooperaran de buena fe con los Pueblos Indígenas interesados por medio de sus instituciones respectivas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, por lo que la finalidad de la consulta previa no es solo exponer los beneficios que trae un proyecto de explotación petrolera, sino que la Comunidad Indígena debe estar consciente de los beneficios y perjuicios que estos proyectos traen para la sociedad y en base a ello acepten o obstaculicen este procedimiento, siendo respaldada su decisión por el Estado.