La carga de la prueba en el procedimiento oral laboral ecuatoriano

Abstract

La administración de justicia es un elemento imprescindible en el desarrollo de toda sociedad, la cual utiliza como una herramienta para cumplir su propósito al procedimiento que establece la ley. Así, el instrumento para realizar la función de juzgar es el “proceso”. En el proceso es donde se juzga y se hace ejecutar lo juzgado. El proceso no sólo es un instrumento para aplicar la ley, el proceso es un “sistema de garantías” establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República, artículo 193, prescribe que las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites; y el Art. 194, dispone que la sustanciación de los procesos se realizará mediante el sistema oral, incluyendo la presentación y contradicción de las pruebas, además la disposición transitoria vigésima séptima de nuestra Carta Magna, señala un plazo de cuatro años para que el Honorable Congreso Nacional implante el sistema oral, y que para el efecto se deberán reformar las leyes necesarias. Antes de la oralidad, el Ecuador tenía establecido como procedimiento al denominado “verbal sumario” que, en realidad, ciertamente no tenía nada de verbal ni de sumario puesto que las diligencias y actuaciones procesales se llevaban a través de mecanismos escritos y l 2 términos previstos para el trámite verbal sumario en el Código de Procedimiento Civil, que se aplicaba a los procesos laborales, no se cumplían, demorando ostensiblemente la administración de justicia y perjudicando en especial a los trabajadores más pobres que, por su condición económica, eran los más afectados por un sistema judicial corroído por la corrupción en muchas de sus áreas, con sus excepciones por supuesto, de jueces y funcionarios honestos que también eran víctimas de irregularidades frecuentemente cometidas. Nunca el Ecuador tuvo regulaciones de procedimiento específicas en materia laboral, habiéndose sujetado a normas procesales civiles las cuales en muchos casos provocaban oscuridad e incluso inaplicabilidad, considerando las singulares características de los juicios de trabajo y la especificidad de muchos de sus pormenores. Por ello la reforma de 2003 tiene una enorme importancia para la administración de justicia puesto que las normas de procedimiento en materia laboral pasan a prevalecer sobre las de procedimiento civil quedando éstas limitadas a un rol auxiliar.

The administration of justice is an essential element in the development of every society, which it uses as a tool to fulfill its purpose to the procedure established by law. Thus, the instrument to perform the judging function is the "process". In the process is where the judged is judged and enforced. The process is not only an instrument to apply the law, the process is a "system of guarantees" established in the Constitution of the Republic of Ecuador. The Constitution of the Republic, article 193, prescribes that the procedural laws will seek the simplification, uniformity, efficiency and agility of the procedures; and Art. 194, provides that the substantiation of the proceedings will be carried out through the oral system, including the presentation and contradiction of the evidence, as well as the twenty-seventh transitory disposition of our Magna Carta, indicating a period of four years for the Honorable National Congress implant the oral system, and for that purpose, the necessary laws must be reformed. Before orality, Ecuador had established as a procedure the so-called "summary verbiage" that, in fact, certainly had nothing to do with verbal or summary since the proceedings and procedural proceedings were carried out through written mechanisms and two The terms provided for the summary oral procedure in the Code of Civil Procedure, which applied to labor processes, were not complied with, ostensibly delaying the administration of justice and especially damaging the poorest workers who, because of their economic condition, were the Most affected by a judicial system corroded by corruption in many of its areas, with their exceptions of course, judges and honest officials who were also victims of irregularities often committed. Ecuador never had specific procedural regulations in labor matters, having been subject to civil procedural rules which in many cases caused obscurity and even inapplicability, considering the unique characteristics of the labor judgments and the specificity of many of its details. For this reason, the 2003 reform is of great importance for the administration of justice, since labor procedural rules take precedence over those of civil procedure, which are limited to an auxiliary role.