Competencia y régimen jurídico aplicable para la impugnación de los despidos intempestivos de servidores públicos de carrera de las empresas públicas en el Distrito Metropolitano de Quito

Abstract

El presente trabajo investigativo explora los orígenes de las empresas públicas en nuestro país, es así que se detalla el surgimiento de estas instituciones estatales y los cambios que han ido surgiendo con el pasar del tiempo, especialmente a partir de la Constitución de la República del año 2008, se puede apreciar el nacimiento de las primeras empresas públicas, tales como IETEL, EMPROVIT o CEPE y la actual situación de las mismas. De forma general se realizará una conceptualización de esta clase de entidades productivas y a partir de sus características se podrá definir cuál es su naturaleza. Adicionalmente, considerando que su capital social está constituido con fondos estatales, parcial o totalmente, se pretende contestar a la interrogante ¿Qué régimen jurídico les es aplicable? Ya contextualizada la situación histórica de las empresas públicas, en cuanto al talento humano se analizará cual es la situación jurídica de su personal y si para su desvinculación, especialmente de los servidores públicos de carrera, se aplica el Código del Trabajo o las Leyes de la administración pública, todo esto relacionado con el principio de la estabilidad laboral. Se explorará así mismo hasta qué punto se contempla el derecho de reintegro en las Empresas Públicas y en función de esto, se analizará el tema de la competencia, iniciando por nociones de orden general y llegando al tema específico de los conflictos de competencia en relación a los problemas individuales de trabajo de los servidores públicos de carrera de este tipo de instituciones estatales. La investigación es descriptiva, en su mayor parte apoyada en investigación documental, sin embargo será importante el estudio de tres casos ventilados en la provincia de Pichincha, específicamente en la Unidad Judicial Laboral del Distrito Metropolitano de Quito de los cuales se podrá establecer la incidencia de estos casos respecto a la seguridad jurídica y si existe una real afectación de este principio.