“Análisis de la prueba para mejor resolver y su incidencia en los principios constitucionales del debido proceso a partir de su vigencia en el COGEP” Su aplicación en la provincia de Imbabura en las materias Civil y Familia.

Abstract

La prueba para mejor resolver se introdujo en el COGEP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 506 de 22/05/2015. Sin embrago, se observa que dentro de la legislación ecuatoriana, esta facultad de las juezas y jueces se encontraba enmarcada en el Art 130 numeral 10 del COFJ desde antes de la aplicación del COGEP. En el derecho comparado esta clase de prueba se contempló en los procedimientos civiles de especialmente Argentina y Chile, hace bastantes años, la cual se ha aplicado, sin inconvenientes, pese a la oposición minoritaria de doctrina que expresa que esta diligencia atenta contra el principio dispositivo. Pero en el Ecuador, la Constitución de la República ha consagrado el activismo judicial, principalmente, en el inciso 2° del Art. 426, que faculta a las juezas y jueces para aplicar directa e inmediatamente la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, prevaleciendo estos últimos sobre la primera cuando dichas normas fueren más favorables. El caso es que en esta materia, la doctrina neoconstitucionalista en que se sustenta nuestra Carta Magna permite a las juezas y jueces aplicar directa e inmediatamente las referidas normas, por lo que, respecto de la prueba para mejor resolver es absolutamente aplicable el principio general del Derecho expresado en el aforismo romano Qui potest plus, potest minus, es decir quien puede lo más, puede lo menos, en otras palabras, si la jueza está constitucionalmente autorizado para aplicar directa e inmediatamente las normas que velen por la tutela judicial efectiva, de las partes, con mayor razón fundamentado conforme al literal l) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, está facultado para ordenar esta prueba.