Régimen del talento humano, retribución por eficiencia y demás beneficios económicos y sociales en la ley orgánica del servicio público

Abstract

Las instituciones públicas de todo el mundo se vieron en la necesidad de ser responsables ante los contribuyentes y votantes. Se reconoce que la administración pública debe buscar eficiencia, productividad, rendimiento, competitividad, pero al mismo tiempo debe tener sentido de responsabilidad en el cumplimiento de leyes y procedimientos jurídicos. Esto conlleva que un servidor público debe cumplir objetivos políticos sociales y legales. En muchos países se encuentra arraigada la idea de que no se puede mezclar o confundir metodologías de administración privada con la administración pública, ya que el fin de lucro de las instituciones privadas marca el eje primordial del desempeño dentro de un periodo fiscal determinado; por lo tanto se torna imposible cuantificar en una institución pública, la variable determinante. Por un lado tenemos al mercado y por el otro al Estado propiamente dicho. Pero en la actualidad, se suman a estas muchas variables más acertadas que el fin de lucro, categorías que priman mucho más, como son: eficiencia, productividad, satisfacción del cliente-ciudadano, reinversión, etc., que pueden ser equiparadas al ámbito público vinculándolas claro está con la dinámica política, el entorno social, lo cual se refiere a políticas y estrategias estatales en base a la estructura administrativa. Con la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio de Relaciones Laborales tiene plena competencia para realizar estudios técnicos relacionados a las remuneraciones e ingresos complementarios del sector público; así como, la aplicación de las políticas y normas remunerativas; por lo que se ha fijado como Política, una Propuesta Remunerativa de Beneficios Económicos y Sociales basada en la Retribución por eficiencia (Balanced Scorecard) o Cuadro de Mando Integral.

Public institutions around the world saw the need to be accountable to taxpayers and voters. It is recognized that public administration must seek efficiency, productivity, performance, competitiveness, but at the same time must have a sense of responsibility in compliance with laws and legal procedures. This implies that a public servant must fulfill social and legal political objectives. In many countries, the idea that private management methodologies can not be mixed or confused with public administration is ingrained, since the profit motive of private institutions marks the primary axis of performance within a given fiscal period; therefore it becomes impossible to quantify in a public institution, the determining variable. On the one hand we have the market and on the other the State itself. But nowadays, they are added to these many more accurate variables than the profit motive, categories that take a lot more priority, such as: efficiency, productivity, customer-citizen satisfaction, reinvestment, etc., that can be compared to the public sphere Linking them clearly is with the political dynamics, the social environment, which refers to state policies and strategies based on the administrative structure. With the Organic Law of the Public Service, the Ministry of Labor Relations has full competence to carry out technical studies related to the remunerations and complementary income of the public sector; as well as, the application of policies and remunerative norms; for what has been set as Policy, a Remuneration Proposal of Economic and Social Benefits based on the Efficiency Remuneration (Balanced Scorecard) or Integral Scorecard.