La constitucionalidad del cobro de las consignaciones correspondientes a las sanciones pecuniarias en garantía del resultado del procedimiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Quito

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador establece el principio de descentralización, como aquella transferencia de funciones de la administración central a las entidades locales, estas trasferencia es acompañada con una personalidad jurídica propia. La Constitución de la República del Ecuador, determina que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano. El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: Función Legislativa, Normativa y Fiscalización, por lo que el COOTAD otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) una potestad sancionadora, teniendo de esta manera la autoridad para juzgar y hacer cumplir las sanciones que establece la normativa que les regula, dicha potestad deben seguir un procedimiento administrativo regulado a través de actos normativos como la Ordenanza Metropolitana No. 0321. En virtud de la inobservancia de los derechos establecidos en la Constitución del artículo 27 de la Ordenanza Metropolitana No. 0321 considerando que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales debido al atropello de los derechos como el derecho al debido proceso, derecho de las personas a la defensa, derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita tomando en cuenta que los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley, todos estos derechos son y serán plenamente justiciables, por lo que se deberá realizar la reforma de la Ordenanza No. 0321.

The Constitution of the Republic of Ecuador establishes the principle of decentralization, as that transfer of functions from the central administration to local entities, these transfers are accompanied by their own legal personality. The Constitution of the Republic of Ecuador, determines that the Autonomous Decentralized Governments (GAD) are the rural parish boards, the municipal councils, the metropolitan councils, the provincial councils and the regional councils, and these enjoy political, administrative and financial autonomy, and they are governed by the principles of solidarity, subsidiarity, interterritorial equity, integration and citizen participation. That is, they are the institutions that make up the territorial organization of the Ecuadorian State. The exercise of each decentralized autonomous government will be carried out through three integrated functions: Legislative, Regulatory and Fiscalization Function, for which the COOTAD grants the Decentralized Autonomous Governments (ADGs) a sanctioning power, thus having the authority to judge and enforce the sanctions established by the regulation that regulates them, said authority must follow an administrative procedure regulated through normative acts such as the Metropolitan Ordinance No. 0321. In virtue of the non-observance of the rights established in the Constitution of article 27 of Metropolitan Ordinance No. 0321 considering that no legal norm may restrict the content of rights or constitutional guarantees due to the abuse of rights such as the right to due process, the right of persons to defense, the right to free access to justice and effective, impartial and expeditious guardianship, taking into account since constitutional rights and guarantees do not require conditions or requirements that are not established in the Constitution or the law, all these rights are and will be fully justiciable, so the reform of Ordinance No. 0321 must be carried out.