Aplicación de la mediación en el área penal con respecto a los delitos ambientales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Abstract

La expresión punitiva del Estado debe ser aplicada para los actos más lesivos de la sociedad, es decir, debe inferir directamente en el comportamiento social, cuando exista merito para aquello, debiendo ser respetado hasta último momento el principio de ultima ratio, que hace alusión a la utilización de este medio, cuando otras instancias no hayan podido solucionar las anomalías cometidas en detrimento del orden jurídico social.

Al ser los delitos ambientales susceptibles de una aproximación entre víctima y victimario, que no se considera como una infracción que no pueda retomar su viabilidad por otras vías alternas al proceso, es por esta razón que debe aplicarse de manera que la población tenga un aprendizaje de estos inconvenientes que surgen en la sociedad, y se fundamente una cultura de paz de solución de conflictos. Direccionando los recursos del Estado en infracciones que sean de verdadera alarma social donde se requiera efectivamente de la intromisión del poder punitivo en el restablecimiento del bien jurídico que ha sido vulnerado mediante una pena restrictiva de libertad.

Del mismo modo, el desgaste emocional que es propio de un caso penal, donde se envuelve una pena de por medio, es devastador para la víctima y el victimario así como las costas procesales, por lo que al otorgarles una manera distinta al proceso común, en casos que por la misma materia podrían ser transigibles, les permite tomar el proceso con un ánimo de voluntariedad, de recapacitación y de otorgamiento de soluciones entre las partes, es decir a un acercamiento, lo que constituye un avance en la autocomposición de nuestro sistema jurídico.

Tal es el caso de la esencia de este trabajo que es los delitos ambientales, donde al ser susceptibles de reparación y de restauración, y además que la misma naturaleza de la infracción es susceptible de acuerdos, permite establecer una nueva cultura jurídica sobre la mediación en este campo.

The punitive expression of the State must be applied to the most harmful acts of society, that is, it must infer directly in social behavior, when there is merit for that, and the ultima ratio principle must be respected until the last moment, which refers to the use of this means, when other instances have not been able to solve the anomalies committed to the detriment of the social legal order.

As environmental crimes are susceptible to an approach between victim and victimizer, which is not considered as an infraction that can not resume its viability through other alternatives to the process, it is for this reason that it must be applied in such a way that the population has an apprenticeship. These drawbacks arise in society, and a culture of peace of conflict resolution is based. Directing the resources of the State in infractions that are of real social alarm where the intromission of punitive power is effectively required in the restoration of the legal right that has been violated through a restrictive punishment of freedom.

In the same way, the emotional waste that is characteristic of a criminal case, where a penalty is involved, is devastating for the victim and the victimizer as well as the procedural costs, so by granting them a different way to the common process, in cases that, due to the same matter, could be transferable, it allows them to take the process with a spirit of voluntariness, of retraining and of granting solutions between the parties, that is to say, an approach, which constitutes an advance in the self-composition of our system legal.

Such is the case of the essence of this work that is environmental crimes, where being susceptible to repair and restoration, and also that the very nature of the offense is susceptible to agreements, allows to establish a new legal culture on mediation in this field.