El rol de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el fortalecimiento de la democracia constitucional vigente en el Ecuador

Abstract

En la actualidad la democracia representativa presenta algunos problemas respecto a cómo lograr la interacción real de la voluntad popular en su relación con las actividades que desarrolla el Estado. La participación ciudadana queda excluida del debate público si es que no existe una permanente gobernabilidad ética que permita a nuevos actores sociales adentrarse en la esfera pública y poner límites a la actuación del poder político mediante la creación de mecanismos que aseguren la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información que el poder público maneja, puesto que sólo así se conseguirá una sociedad donde las demandas sociales sean escuchadas por el Estado y en donde se hagan exigibles y se garanticen los derechos fundamentales y humanos.

De esa manera la democracia constitucional se presenta como un nuevo sistema en el cual los límites a la actuación del poder público son los derechos fundamentales y humanos, es decir que se empieza a hablar de democracia sustancial, donde el respeto a las libertades y a la participación constituye la condición básica para el buen funcionamiento del sistema democrático. Si bien antes la representación iba dirigida hacia la voluntad política de los partidos políticos y del control del poder por parte del Estado, ahora existe un cambio de paradigma en el cual la voluntad popular y el control y poder ciudadano como expresiones de la soberanía popular son los que determinan cómo debe operar la representación para no excluir a ciertos sectores sociales o a las minorías.

Dada la crisis de los partidos políticos en representar el interés colectivo, público y social de todos los ciudadanos, la presente investigación indaga sobre el rol que cumplen las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos (ONG’s) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el fortalecimiento de la democracia constitucional y en cómo estas organizaciones pueden convertirse en verdaderos entes de representación política y social al actuar como veedoras ciudadanas y fiscalizadoras del orden público.