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Title: El principio de legalidad y el debido proceso en la potestad sancionadora del Estado: Caso de las organizaciones del sistema cooperativo, en la economía popular y solidaria
Authors: Galán Melo, Gabriel
Hidalgo Morales, Hugo Patricio
Keywords: DERECHO
DEBIDO PROCESO
COOPERATIVAS
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Universidad Internacional SEK
Citation: GT- MDPLO H632p/2018
Abstract: Los grandes cambios dentro de la economía mundial condujeron, entre otras cosas, a una pérdida de capacidad de los Estados como entes de la dinámica de la economía redujo la capacidad de generar empleo dando como consecuencia exclusión del mercado de trabajo que generó dinámicas de autoempleo, a través de la solidaridad dentro de los actores económicos, buscando formas de solucionar sus necedades sobre todo en aquellos sectores humanos de más bajos recursos económicos. Bajo este contexto aparecen en el mundo diversas formas de organizaciones jurídicas dentro de la economía social y solidaria, como entidades de derecho privado, con una forma autonómica propia, con libertad para adherirse, con la característica de recibir beneficios económicos de su accionar en partes iguales a todos sus miembros, donde prevalecen como principios fundamentales: la equidad, el trabajo, la cooperación, la democracia, la solidaridad y la ausencia de fines de lucro personal. El proceso histórico de los cambios sociales, en el mundo, le han dado a las cooperativas un lugar importante dentro del sistema organizativo popular, como una forma de economía, basada en principios filosóficos que integran al ser humano con el capital social, anteponiendo valores y principios morales, que han logrado que las sociedades más pobres puedan alcanzar objetivos comunes y mejorar su estatus vida. Nuestra Constitución, establece que el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria incluyendo al sector cooperativista, asociativo y comunitario. En función de este contexto constitucional, las cooperativas a lo largo del proceso histórico económico y social del país han jugado un papel preponderante en la economía y sociedad, debido que se ha situado en los estratos más bajos y de menores posibilidades económicas, siendo una opción para aquellas personas de escasos recursos económicos para que logren una forma de superación personal y grupal. Sin embargo, de ello pese a que en nuestro país y a que nuestra economía es social y solidaria, el Estado poco o nada ha hecho por potencializar a las organizaciones de la economía social y solidaria, pues no existe una política de asesoría y fortalecimiento a la organización ni políticas y acciones que impulsen a estas organizaciones, más bien se ha dedicado a aplicar su acción de control y la potestad sancionadora. La presente investigación, pretende realizar un análisis de la acción inquisidora del Estado a través de su poder establecido en el Ius Pudiendi, por parte de su órgano de control que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en contra de las personas jurídicas que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria, específicamente a las organizaciones cooperativas. Realizaremos un análisis de la acción sancionadora de este órgano de control, que Va en contra de lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto concluiremos, a modo de ejemplo y analizando las desviaciones administrativas legales y económicas en las resoluciones administrativas sancionatorias dictadas respecto de las cooperativas del cantón Riobamba desde el 01 de enero al 31 diciembre de 2017.
Description: The great changes within the world economy led, among other things, to a loss of capacity of the States as entities of the dynamics of the economy reduced the capacity to generate employment resulting in exclusion from the labor market that generated self-employment dynamics, through solidarity within the economic actors, looking for ways to solve their foolishness especially in those human sectors with the lowest economic resources. Under this context appear in the world various forms of legal organizations within the social and solidarity economy, as private law entities, with their own autonomous form, with freedom to join, with the characteristic of receiving economic benefits from their actions in equal parts to all its members, where fundamental principles prevail: equity, work, cooperation, democracy, solidarity and the absence of personal profit. The historical process of social changes in the world has given cooperatives an important place within the popular organizational system, as a form of economy, based on philosophical principles that integrate the human being with social capital, putting values and moral principles, which have enabled poorer societies to achieve common goals and improve their life status. Our Constitution establishes that the economic system is social and solidary and is integrated by the forms of public, private, mixed, popular and solidary economic organization, including the cooperative, associative and community sectors. According to this constitutional context, cooperatives throughout the historical economic and social process of the country have played a preponderant role in the economy and society, because it has been located in the lower strata and with the lowest economic possibilities, being an option for those people with limited economic resources to achieve a way of personal and group improvement. However, despite the fact that in our country since our economy is social and solidary, the State has done little or nothing to empower the social and solidarity economy organizations, as there is no policy of advising and strengthening the organization or policies and actions that promote these organizations, rather has been dedicated to apply their control action and sanctioning power. The present investigation, intends to carry out an analysis of the inquisitive action of the State through its power established in the Ius Pudiendi, by its control body that is the Superintendence of Popular and Solidarity Economy, against the legal entities that belong to the Popular and Solidarity Economy, specifically to cooperative organizations. We will carry out an analysis of the sanctioning action of this control body, which goes against the provisions of the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Law of the Popular and Solidarity Economy and the Popular and Solidarity Financial Sector. For this purpose, we will conclude, by way of example, and analyzing the legal and economic administrative deviations in the sanctioning administrative resolutions issued with respect to the cooperatives of the Riobamba canton from January 1 to December 31, 2017.
URI: http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3207
Appears in Collections:Maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral

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